La detención de cuatro menores de edad por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) durante varias redadas en Minnesota ha generado preocupación entre autoridades locales, familias y organizaciones defensoras de derechos civiles. Entre los jóvenes arrestados se encuentran un niño de cinco años, otro de diez y dos adolescentes de diecisiete, todos vinculados al distrito escolar de Columbia Heights, al norte de Minneapolis.
Según reportes preliminares, los operativos se realizaron en distintos puntos del vecindario y culminaron con la detención de los menores junto a familiares adultos. El distrito escolar confirmó que los estudiantes pertenecen a sus centros educativos y expresó inquietud por el impacto emocional que estas acciones pueden tener en la comunidad estudiantil.
Organizaciones de apoyo a migrantes señalaron que algunos de los menores y sus familias tendrían procesos migratorios activos, incluidos casos de asilo en trámite, lo que ha reavivado el debate sobre los límites de la aplicación de las leyes migratorias en zonas sensibles como áreas residenciales y entornos vinculados a escuelas.
Funcionarios locales indicaron que solicitaron información adicional a las autoridades federales para esclarecer las circunstancias de los arrestos y determinar si se respetaron los protocolos de protección a menores. También reiteraron que los centros educativos deben mantenerse como espacios seguros para los estudiantes, independientemente de su estatus migratorio.
Por su parte, ICE defendió los operativos como parte de acciones rutinarias para hacer cumplir la ley migratoria federal, aunque no ofreció detalles específicos sobre los casos individuales, citando restricciones legales y de privacidad.
La situación ha provocado manifestaciones de inquietud entre padres de familia y líderes comunitarios, quienes temen que estas acciones generen desconfianza hacia las instituciones y afecten la asistencia escolar. Expertos en políticas públicas advierten que los arrestos de menores en este contexto suelen intensificar la tensión social y abrir debates nacionales sobre derechos humanos, protección infantil y la aplicación de la ley migratoria.
Las autoridades locales continúan evaluando el impacto de los operativos, mientras organizaciones civiles exigen mayor transparencia y garantías para las familias afectadas.
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