El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) ha dado un paso significativo en sus políticas migratorias con la adquisición de seis aviones Boeing 737 destinados exclusivamente a vuelos de deportación. El contrato, valorado en casi 140 millones de dólares, marca un giro estratégico: ICE, la agencia encargada de ejecutar deportaciones, comenzará a operar su propia flota aérea en lugar de depender de vuelos charter privados, como ha sido el patrón durante años.
De acuerdo con reportes de EFE y The Washington Post, esta compra forma parte de un paquete de financiamiento más amplio enfocado en fortalecer las capacidades operativas en materia migratoria. El objetivo: hacer los traslados más eficientes, predecibles y menos vulnerables a los retrasos y limitaciones logísticas que pueden surgir cuando se contratan servicios externos.
Hasta ahora, ICE había utilizado vuelos privados para transportar a personas en proceso de expulsión hacia distintos países del continente americano y otras regiones. Sin embargo, en medio de un escenario migratorio cada vez más complejo y politizado, el DHS busca consolidar control total sobre las operaciones. Contar con una flota propia permitiría al gobierno programar rutas regulares, aumentar la capacidad de respuesta ante flujos inesperados y reducir costos a largo plazo.
Los nuevos Boeing 737 serán adaptados específicamente para operaciones migratorias, lo que incluye medidas de seguridad reforzadas y configuraciones interiores especiales para maximizar el traslado de personas. Aunque el DHS no detalló cuándo entrarán en funcionamiento los aviones, fuentes cercanas a la operación señalan que la integración podría ocurrir progresivamente durante el próximo año fiscal.
La medida ha generado reacciones divididas. Mientras sectores conservadores destacan que se trata de una inversión necesaria para acelerar deportaciones, organizaciones proinmigrantes advierten que la compra podría anticipar un aumento de operativos y una intensificación de expulsiones masivas.
Con esta decisión, el gobierno estadounidense apuesta por un modelo más robusto y autónomo de control migratorio, consolidando un recurso logístico que probablemente definirá el ritmo de las deportaciones en los próximos años.
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