La administración del presidente Donald Trump anunció la incautación de un gran buque petrolero frente a las costas de Venezuela, en una acción que marca una significativa escalada de tensión entre Washington y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. El operativo fue confirmado por el propio Trump desde la Casa Blanca, describiendo la acción como la mayor incautación de este tipo realizada por Estados Unidos, realizada con el apoyo de la Guardia Costera y la Armada.
El petrolero, identificado en diversos informes como el Skipper —antes conocido como M/T Adisa—, habría partido de Venezuela a principios de diciembre con una carga de crudo pesado, parte del cual fue atribuido a un importador estatal de Cuba, aunque los detalles precisos sobre la propiedad y la bandera bajo la que navegaba aún no han sido publicados oficialmente por Washington.
El gobierno estadounidense argumenta que la incautación obedece al cumplimiento de sanciones que pesan sobre el buque por su supuesta participación en redes ilícitas de transporte de petróleo que incluyen vínculos con Venezuela e Irán. La fiscal general Pam Bondi respaldó la operación señalando que el tanque estaba bajo restricciones debido a su historial de actividades ilegales.
En contraste, el gobierno de Caracas calificó la acción como un “acto de piratería internacional” y un “robo descarado”, acusando a Estados Unidos de intentar apoderarse de los recursos petroleros venezolanos bajo pretextos de seguridad. La cancillería venezolana aseguró que llevará el caso ante instancias internacionales para defender su soberanía.
La medida ha generado un aumento en los precios del petróleo en los mercados internacionales y ha intensificado el pulso geopolítico en la región, con observadores advirtiendo que podría afectar aún más la estabilidad económica de Venezuela y complicar las relaciones diplomáticas en América Latina
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