El Gobierno español ha ordenado la expulsión del embajador de Nicaragua en Madrid y de otro diplomático de ese país. La decisión se adopta en “estricta reciprocidad” tras la expulsión del embajador de España en Managua y de la segunda jefatura de la delegación española.
La orden fue dada el domingo, aunque se ha conocido este lunes. El Ministerio de Asuntos Exteriores de España ha asegurado que seguirá trabajando por mantener “las mejores relaciones con el pueblo hermano de Nicaragua”.
El hasta ahora embajador nicaragüense en Madrid, Mauricio Carlo Gelli, confirmó que recibió la orden de expulsión y que ya se encuentra fuera de España. Señaló que se le aplicó el principio de reciprocidad y que viajaba de regreso a Nicaragua con escala en Roma.
La expulsión del embajador español en Managua
El Gobierno de Daniel Ortega ordenó la expulsión del embajador de España en Nicaragua, Sergio Farré Salvá, y de su número dos, Miguel Mahiques Núñez. La decisión fue comunicada el domingo y supuso el descabezamiento total de la Embajada española en el país.
La medida resulta llamativa por la brevedad del mandato de Farré Salvá, que apenas llevaba unos 20 días en el cargo. El diplomático fue nombrado en diciembre por el Consejo de Ministros y presentó sus cartas credenciales a comienzos de este mes. Su actividad en el país había sido muy limitada.
Las autoridades nicaragüenses no han aclarado las causas de la expulsión.
Un contexto de tensiones persistentes
Las relaciones entre ambos países se han deteriorado en los últimos años. En 2021, el régimen de Daniel Ortega denunció la “continua intromisión” de España en los asuntos internos de Nicaragua. El Gobierno español respondió llamando a consultas a su embajadora en Managua y rechazó de forma “tajante” esas acusaciones.
En 2023, el Gobierno nicaragüense expulsó y retiró la nacionalidad a centenares de diplomáticos, exfuncionarios, defensores de derechos humanos, opositores, periodistas, académicos, estudiantes y empresarios. España ofreció la nacionalidad española a estas personas y a otros opositores que seguían encarcelados.
En marzo del año pasado, el Congreso español aprobó una proposición no de ley para condenar la “sistemática” violación de derechos humanos en Nicaragua, exigir el fin de la represión e impulsar más sanciones desde la Unión Europea.
Numerosos organismos internacionales denuncian desde hace años graves violaciones de derechos humanos en el país. Naciones Unidas ha advertido de la eliminación de garantías básicas tras las reformas impulsadas por Ortega. La comunidad internacional también cuestionó las elecciones presidenciales de noviembre de 2021, en las que el dirigente se proclamó ganador por cuarta vez.
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