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Estados demandan a Donald Trump por operativos migratorios

Minnesota e Illinois acusan al Gobierno del Pdte. Donald Trump de realizar operativos migratorios ilegales que afectan comunidades y vulneran derechos.

Los estados de Minnesota e Illinois presentaron una demanda conjunta contra el Gobierno del expresidente Donald Trump por las operaciones federales de inmigración llevadas a cabo en sus territorios. La querella cuestiona la legalidad de redadas y detenciones realizadas por agencias federales, argumentando que vulneran derechos constitucionales y afectan la seguridad y estabilidad de las comunidades locales.

Según el documento judicial, los gobiernos estatales sostienen que las operaciones migratorias se ejecutaron sin coordinación con autoridades locales, generando temor entre residentes, incluso entre ciudadanos estadounidenses y personas con estatus legal. Las fiscalías generales de ambos estados afirman que estas acciones provocaron la interrupción de servicios públicos, ausentismo laboral y desconfianza hacia las instituciones.

¿Qué señala la demanda?

Uno de los puntos centrales de la demanda es la presunta violación del debido proceso. Los estados alegan que algunas detenciones se realizaron sin órdenes judiciales válidas y que se produjeron retenciones prolongadas sin acceso adecuado a representación legal. Además, señalan que las operaciones federales interfirieron con políticas estatales y locales diseñadas para priorizar la seguridad pública por encima del estatus migratorio.

La querella también cuestiona el uso de recursos estatales para apoyar acciones federales que, según los demandantes, exceden la autoridad del Ejecutivo. Minnesota e Illinois buscan una orden judicial que limite este tipo de operativos y reafirme la autonomía de los estados en la implementación de sus políticas de cooperación con el Gobierno federal.

Expertos legales consideran que el caso podría sentar un precedente relevante en el debate sobre inmigración y federalismo en Estados Unidos, especialmente en un contexto de polarización política. El Gobierno federal, por su parte, ha defendido históricamente estas operaciones como necesarias para hacer cumplir la ley migratoria.

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Fuentes: