Estados Unidos suspenderá de forma indefinida el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países. La medida forma parte de una nueva ampliación de la política restrictiva del Gobierno de Donald Trump contra la inmigración legal.
La pausa entrará en vigor el 21 de enero, según confirmó un funcionario estadounidense. Afecta a visas de inmigrante, incluidas las vinculadas al empleo en Estados Unidos. No se aplica a visas de no inmigrante, como las de estudiantes o turistas.
Entre los países afectados figuran Brasil, Colombia y Haití.
Enfoque en la “carga pública”
El Departamento de Estado explicó que la suspensión busca reforzar la aplicación del criterio de “carga pública” de la ley migratoria. Este concepto se utiliza para identificar a solicitantes que, según el Gobierno, podrían depender de ayudas sociales y beneficios públicos.
“El procesamiento de visas de inmigrante de estos 75 países se pausará mientras el Departamento de Estado reevalúa los procedimientos inmigratorios”, señaló el portavoz del organismo, Tommy Pigott. Añadió que el objetivo es evitar el ingreso de extranjeros que recurran a ayudas sociales.
Pigott afirmó que la administración pretende “poner fin al abuso del sistema migratorio” por parte de quienes, según sus palabras, “extraerían riqueza del pueblo estadounidense”.
Contexto de mayores restricciones
Varios de los países afectados ya estaban incluidos en prohibiciones de viaje totales o parciales. El mes pasado, la administración amplió estas restricciones a ciudadanos de 39 países, tras un tiroteo en Washington en el que fue acusado un inmigrante afgano.
El Gobierno también suspendió el procesamiento de solicitudes de asilo, de ciudadanía y de residencia permanente para nacionales de países previamente sancionados, así como todos los trámites migratorios de ciudadanos afganos.
Trump ha insistido en que los inmigrantes suponen una carga para los recursos públicos. Esto pese a estudios que señalan que su trabajo beneficia a la economía estadounidense.
Críticas y debate interno
Organizaciones de derechos de los inmigrantes han criticado el endurecimiento de las normas sobre “carga pública”. Alertan de que muchas familias podrían dejar de solicitar ayudas a las que tienen derecho por temor a perjudicar futuros procesos migratorios.
Julia Gelatt, del Migration Policy Institute, advirtió que la medida podría llevar a hogares inmigrantes a renunciar a apoyos básicos “en momentos de necesidad”.
Desde una perspectiva conservadora, Alan D. Viard, del American Enterprise Institute, calificó estas políticas de innecesarias. Señaló que incluso inmigrantes que parecen representar un costo fiscal inicial pueden aportar beneficios económicos a largo plazo.
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Fuentes:
