El Departamento de Justicia de Estados Unidos ordenó al FBI identificar y elaborar una lista oficial de supuestos “terroristas domésticos”, así como establecer un sistema de recompensas para incentivar a los ciudadanos a denunciar actividades consideradas extremistas o antiamericanas, según un memorando fechado el 4 de diciembre.
La instrucción fue emitida por la fiscal general Pam Bondi, quien pidió al FBI priorizar la identificación de individuos o grupos que, mediante violencia o amenazas, promuevan agendas políticas y sociales que se consideren contrarias a los valores estadounidenses, capitalistas o cristianos.
Esta medida se produce en el marco de la creación de un grupo operativo federal dedicado al “terrorismo doméstico” y la “violencia organizada”, una iniciativa impulsada por el presidente Donald Trump con el objetivo de enfrentar lo que su administración ha calificado de amenazas internas.
El memorando presidencial, firmado tras la muerte de una figura conservadora en septiembre, afirma que la violencia política interna es el resultado de “campañas sofisticadas y organizadas de intimidación, radicalización y amenazas” destinadas a silenciar voces disidentes y obstaculizar el funcionamiento de la democracia.
Además de la lista, Bondi solicitó la implementación de recompensas en efectivo que animen al público a ofrecer información que pueda conducir a la identificación y captura de los sospechosos. Este sistema busca ampliar la colaboración ciudadana con las agencias federales, aunque no hace referencia específica al supremacismo blanco entre los criterios.
La iniciativa ha generado debate en Estados Unidos sobre los límites entre seguridad y derechos civiles, ante el riesgo de que amplias definiciones de “terrorismo doméstico” puedan incluir protestas o posiciones políticas divergentes.
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