Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) participarán en las tareas de seguridad y control durante el Super Bowl LX, que se celebrará el próximo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó la presencia de estos agentes como parte de un despliegue conjunto con otras fuerzas federales y socios locales, en un operativo integral diseñado para proteger a los asistentes y gestionar riesgos en uno de los eventos deportivos más importantes del país.
Tricia McLaughlin Yoho, subsecretaria de Asuntos Públicos del DHS, declaró en un comunicado que la agencia está “comprometida a trabajar con sus socios locales y federales para garantizar que el Super Bowl sea seguro para todos los involucrados” y que la misión de ICE “permanece sin cambios” pese a las críticas y tensiones nacionales sobre sus funciones migratorias.
El operativo incluirá la presencia visible de agentes en los alrededores del Levi’s Stadium antes, durante y después del partido entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, finalistas de la Conferencia Americana y Nacional respectivamente, en lo que se espera sea un estadio lleno y un evento seguido globalmente.
La confirmación de la participación del ICE ha generado discusión pública en algunos sectores, que argumentan que la presencia de agentes dedicados a la aplicación de la ley migratoria podría intimidar a asistentes inmigrantes o visitantes internacionales, aun cuando las autoridades federales insisten en que quienes se encuentren legalmente en el país “no tienen nada que temer”.
Organizaciones de derechos civiles han expresado preocupación por el rol de ICE en eventos públicos de gran escala, mientras grupos de seguridad destacan que grandes concentraciones requieren planificación y cooperación entre múltiples agencias para mitigar amenazas como el terrorismo, amenazas cibernéticas o incidentes de orden público.
La coordinación federal para la seguridad del Super Bowl LX forma parte de un enfoque de “respuesta total del gobierno” en eventos catalogados como de alto riesgo o de interés nacional, siguiendo protocolos similares a los utilizados en otros eventos deportivos internacionales como la Copa del Mundo.
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