Los Estados miembros de la Unión Europea acordaron este lunes el Fondo de Solidaridad Migratoria para 2026. El plan contempla 21.000 reubicaciones de solicitantes de asilo y 420 millones de euros en apoyo financiero. La cifra queda por debajo de la propuesta inicial de la Comisión Europea y de las demandas de países como España.
Según el Reglamento de la UE sobre gestión del asilo y la migración, la Comisión debe proponer cada año al menos 30.000 reubicaciones y 600 millones de euros en contribuciones financieras. Sin embargo, los ministros de Interior consideraron que en 2026 las necesidades serán menores, ya que el nuevo sistema empezará a aplicarse en junio y solo cubrirá medio año. La decisión se tomó con una amplia mayoría durante la reunión celebrada en Bruselas.
La reducción del fondo implicará un menor nivel de solidaridad con los países bajo mayor presión migratoria, entre ellos España, Italia, Grecia y Chipre. La ayuda se reducirá casi un tercio respecto al plan original de Bruselas.
Nuevas normas sobre retornos y países “seguros”
Durante la misma reunión, los ministros aprobaron tres propuestas legislativas sobre migración que deberán negociarse ahora con el Parlamento Europeo. Entre ellas figura el nuevo Reglamento de Retorno, que busca acelerar las expulsiones de inmigrantes en situación irregular. Actualmente, solo alrededor del 20% de las órdenes de retorno se ejecutan.
El reglamento permitirá crear centros de retorno en países no pertenecientes a la UE y devolver migrantes a terceros países, incluso sin vínculos con su lugar de origen. También introduce obligaciones más estrictas para las personas sujetas a una orden de retorno y amplía las posibilidades de detención.
El Consejo aprobó además cambios en el concepto de “tercer país seguro”, lo que facilitará declarar inadmisibles solicitudes de asilo y deportar a los solicitantes a países con los que no tengan conexión. También dio luz verde a la primera lista de “países de origen seguros”, que incluye a Bangladesh, Colombia, Egipto, India, Kosovo, Marruecos y Túnez, además de todos los países candidatos a la UE salvo Ucrania. Las solicitudes de asilo de nacionales de estos países se tramitarán por vía acelerada.
Cada país contribuirá al fondo según su población y PIB. Podrá hacerlo mediante reubicaciones, aportaciones económicas o medidas alternativas, como el envío de personal o la construcción de centros de acogida. Chequia, Estonia, Croacia, Austria y Polonia obtuvieron exenciones totales o parciales, al haber sido considerados países con una situación migratoria significativa. Bulgaria también figura entre los Estados que solicitaron exención.
Los compromisos concretos de cada país no se harán públicos hasta la adopción legal definitiva del fondo, prevista para el 16 de diciembre. Según fuentes comunitarias, la mayoría de los Estados optaron por contribuciones financieras.
Aún no se ha definido cómo se seleccionarán los 21.000 migrantes ni cuántos procederán de cada país bajo presión. Si no se alcanza el objetivo fijado, se activará un mecanismo de “compensación de responsabilidades”. Este obligará a los Estados a hacerse cargo de solicitantes de asilo que deberían haber pedido protección en su primer país de llegada.
Críticas de países miembro y Amnistía Internacional
El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó que el acuerdo se aleja del pacto migratorio alcanzado en 2023. España lamentó especialmente el recorte en un contexto de fuerte presión migratoria en la isla de El Hierro. El ministro pidió mantener el equilibrio entre solidaridad y responsabilidad y advirtió de que el contingente no debería convertirse en una negociación de cifras, sino responder a las necesidades reales de los Estados afectados.
Alemania prevé recurrir ampliamente a este mecanismo. Según fuentes de la UE, Berlín firmó un memorando con Grecia para no devolver solicitantes de asilo a cambio de la cuota de reubicación correspondiente a 2026. Un acuerdo similar se alcanzó con Italia, según confirmó el ministro italiano del Interior, Matteo Piantedosi.
Amnistía Internacional criticó duramente el acuerdo. La organización afirmó que las nuevas normas refuerzan un enfoque punitivo basado en deportaciones, detenciones y vigilancia, y advirtió de un debilitamiento sin precedentes de los derechos de las personas migrantes. También alertó de que los centros de retorno en terceros países podrían vulnerar el derecho internacional y dejar a miles de personas en una situación de inseguridad jurídica.
El acuerdo del Consejo servirá ahora como base para las negociaciones con el Parlamento Europeo. El nuevo Pacto de Migración y Asilo, aprobado en junio de 2024, comenzará a aplicarse a partir de junio de 2026.
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