La gobernadora Maura Healey presentó el jueves un proyecto de ley para proteger a los residentes de Massachusetts de las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la administración de Donald Trump. La iniciativa prohibiría que ICE actúe en lugares sensibles como escuelas, hospitales, programas de cuidado infantil, tribunales y lugares de culto.
Restaurando espacios seguros
El proyecto surge después de que la administración Trump revocara la política de “áreas protegidas” del Departamento de Seguridad Nacional, que impedía a ICE realizar arrestos en escuelas, hospitales, tribunales e iglesias. Según Healey, la nueva directiva federal otorga a los agentes de ICE poder ilimitado para detener personas en estos lugares.
La legislación prohibiría los arrestos civiles sin orden judicial dentro de los tribunales, buscando que testigos, víctimas y litigantes no eviten asistir por miedo a la detención, situación que ha provocado la desestimación de cargos y la liberación de acusados.
En escuelas y programas de cuidado infantil, los agentes de ICE necesitarían una orden judicial para ingresar. Healey destacó la caída en la matrícula de distritos con alta población inmigrante, como Chelsea y Everett, atribuida al temor de las familias. Además, los padres podrían designar tutores para sus hijos en caso de detención o deportación, garantizando que queden bajo cuidado de personas de confianza.
Los hospitales, centros de salud comunitarios, residencias de ancianos y programas de tratamiento de adicciones también quedarían protegidos. ICE no podría acceder a áreas no públicas sin orden judicial. Los lugares de culto recibirían protección legal contra arrestos civiles durante los servicios, resguardando el derecho a la libertad religiosa.
Limitaciones a la acción federal y militar
La propuesta también impediría que la Guardia Nacional de otro estado ingrese a Massachusetts sin el permiso de la gobernadora, en respuesta a despliegues federales en otras ciudades. Healey firmó además una orden ejecutiva que prohíbe al estado firmar acuerdos 287(g), que permiten a autoridades locales hacer cumplir leyes de inmigración, salvo que exista una necesidad certificada de seguridad pública. Los edificios estatales no podrán ser usados por ICE como bases de operaciones.
Healey señaló que las acciones de ICE son “ilegales e inconstitucionales” y han intimidado a comunidades, incluyendo ciudadanos estadounidenses. Enfatizó que la medida busca proteger la seguridad pública y garantizar que los residentes accedan a la justicia, la educación, la atención médica y la religión sin temor.
El proyecto recibió apoyo de legisladores, funcionarios de seguridad, educadores, líderes de salud, representantes religiosos y organizaciones de defensa de derechos. La presidenta del Senado, Karen Spilka, calificó la medida como esencial para proteger los derechos de los residentes, mientras que la fiscal general Andrea Campbell calificó la actividad de ICE como “imprudente, peligrosa e ilegal”. Educadores y líderes de salud destacaron la importancia de que escuelas y hospitales sigan siendo espacios seguros para las familias inmigrantes.
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