La gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, exigió este miércoles que dos aerolíneas privadas dejen de operar vuelos para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), utilizados para expulsar de forma acelerada a residentes detenidos, muchos de los cuales no cuentan con condenas ni cargos criminales. La solicitud se produce tras reiteradas denuncias sobre el impacto humano y legal de estas deportaciones rápidas.
Healey señaló que estos vuelos, que han partido desde el aeropuerto Hanscom Field, están diseñados para trasladar a personas fuera del estado pocas horas después de su detención, separándolas de sus familias, amigos y asesores legales. Según la gobernadora, esta práctica dificulta gravemente el acceso al debido proceso y a una defensa legal adecuada, derechos fundamentales protegidos por la Constitución estadounidense.
En cartas dirigidas a los directivos de GlobalX Airlines y Eastern Air Express, Healey expresó además su preocupación por el costo que este tipo de operaciones representa para los contribuyentes. La gobernadora cuestionó que la Administración Trump destine cientos de millones de dólares al uso de aviones privados para actividades migratorias, mientras recorta programas sociales como asistencia alimentaria y acceso a la atención médica.
En el texto, Healey calificó estas deportaciones como “intencionalmente crueles” y acusó a las compañías aéreas de beneficiarse económicamente de tácticas que, a su juicio, socavan valores fundamentales del sistema democrático estadounidense. “Al contratar con ICE para ejecutar estos vuelos, ustedes están lucrando con prácticas antiestadounidenses y facilitando la obstrucción del debido proceso”, escribió.
El pronunciamiento de la gobernadora se da luego de que Avelo Airlines, una aerolínea que anteriormente realizaba vuelos chárter para ICE en Massachusetts, anunciara recientemente que había cortado sus vínculos con la agencia federal. Este antecedente refuerza la presión política y social sobre otras compañías involucradas.
La postura de Healey marca un nuevo capítulo en el debate nacional sobre la aplicación de las leyes migratorias, el rol de los gobiernos estatales frente a la autoridad federal y la responsabilidad ética de las empresas privadas que participan en operativos de deportación.
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