La organización internacional Oxfam publicó recientemente un informe en el marco del Foro Económico Mundial que advierte sobre el impacto del crecimiento descontrolado de la riqueza de los superricos en América Latina y el Caribe, y cómo este fenómeno podría poner en riesgo los fundamentos democráticos de la región.
Según el documento, la región registró un récord histórico de 109 mil millonarios en 2025, con una riqueza conjunta que ronda los 622.000 millones de dólares, cifra equivalente casi al Producto Interno Bruto de países como Chile y Perú combinados. Este aumento —de 16 veces más rápido que la economía regional— ha profundizado las brechas económicas y ha concentrado aún más poder político y económico en manos de una élite reducida.
La directora regional de Oxfam en América Latina y el Caribe, Gloria García-Parra, subrayó que esta concentración de riqueza genera un desequilibrio social que favorece la influencia política de los superricos, debilitando la capacidad del Estado para representar a las mayorías. La organización señala que mientras la riqueza de unos pocos crece sin control, menos países aplican herramientas como impuestos al patrimonio o a las herencias, lo que perpetúa la desigualdad y limita la redistribución de recursos.
El informe también destaca que más de la mitad de los superricos de la región heredaron total o parcialmente su fortuna, un indicador de que las desigualdades económicas no solo se mantienen, sino que se reproducen de generación en generación. Esto, según Oxfam, alimenta un modelo donde las élites económicas pueden acceder más fácilmente a redes de poder político y medios de comunicación, reforzando su capacidad de influir en decisiones públicas.
Organizaciones de la sociedad civil han expresado preocupación porque este fenómeno fragiliza la democracia, ya que los intereses de una minoría adinerada pueden prevalecer sobre las necesidades de las mayorías, afectando la equidad en el acceso a servicios públicos, educación, salud y oportunidades laborales.
Oxfam insta a los gobiernos de la región a implementar planes nacionales de reducción de desigualdad, gravar la riqueza extrema, fortalecer la transparencia política y limitar la influencia económica desproporcionada en los procesos democráticos. Solo con estas reformas, sostiene la ONG, se podrá equilibrar el terreno político y proteger las libertades fundamentales.
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