Un nuevo informe revela que aproximadamente el 70,4 % de las escuelas secundarias públicas en Estados Unidos han reportado impactos negativos por las políticas migratorias implementadas bajo la administración de Donald Trump. El sondeo, que consultó a 606 directores de escuelas de todo el país entre mayo y agosto de 2025, expone una realidad preocupante para estudiantes de familias inmigrantes.
Según los resultados, en una gran mayoría de centros —más de dos tercios— los estudiantes han expresado temor por su seguridad y la de sus familias. El 63,8 % de los directores reportó que los estudiantes faltaron a clases como consecuencia del ambiente de miedo generado por redadas migratorias y retórica antiinmigrante.
El ausentismo no es la única consecuencia: en más de un tercio de las escuelas (≈ 35-36 %) se registraron incidentes de acoso o discriminación contra estudiantes de familias inmigrantes. Algunos testimonios consignan insultos xenófobos o peticiones como “Muéstrame tus papeles”, lo que ha generado un clima de hostigamiento que complica el ambiente educativo.
También se detectó una salida de familias inmigrantes de las comunidades escolares: el 57,8 % de los directores reportó que padres o tutores abandonaron la zona durante el año.
Ante esta situación, muchas escuelas han implementado protocolos para proteger a sus estudiantes: más del 77 % de los planteles encuestados dicen tener planes para responder a visitas de agentes migratorios, y casi la mitad han desarrollado protocolos en caso de que un familiar sea detenido o deportado.
Para expertos en educación, estos resultados confirman que las medidas migratorias no solo afectan a inmigrantes adultos, sino que están alterando el acceso a la educación, la estabilidad emocional y la seguridad de miles de niñas y niños — muchos nacidos en EE. UU. — que hoy sienten miedo de asistir a clases. El sistema escolar, advierten, se está convirtiendo en escenario de ansiedad, inseguridad y desigualdad.
Este panorama ha generado llamados a autoridades escolares, organizaciones comunitarias y legisladores para promover políticas de protección, garantizar ambientes seguros y asegurar que la educación no quede subordinada al temor ni a la estigmatización.
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