La Administración del presidente Donald Trump ha afirmado que más de 2,5 millones de inmigrantes indocumentados han sido expulsados o han abandonado voluntariamente Estados Unidos durante 2025, un número que según el Gobierno representa un “logro monumental” de su política migratoria. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que 600 000 inmigrantes fueron deportados forzosamente y otros 1,9 millones optaron por autodeportarse, es decir, salir por su propia voluntad ante la presión de las nuevas medidas oficiales.
Este anuncio ha generado un fuerte debate entre analistas, expertos y organizaciones de derechos humanos, que cuestionan tanto la metodología como la veracidad de las cifras presentadas. El economista Ariel Ruiz Soto, del Instituto de Política de Migración (MPI), explicó que los datos del Gobierno se basan en la encuesta Current Population Survey (CPS), una herramienta diseñada para medir tendencias demográficas pero que ha sufrido cambios recientes en su tamaño de muestra, lo cual complica su interpretación como indicador de deportaciones reales.
Según Ruiz Soto, la reducción en la respuesta de inmigrantes indocumentados a la CPS podría reflejar temor a las políticas de inmigración más estrictas o desconfianza en las autoridades, en lugar de movimientos reales fuera del país. Por ello, afirma, no hay evidencia sólida de que 1,9 millones de personas hayan salido voluntariamente por las políticas de Trump, y mucho menos que sumen en conjunto con las deportaciones forzadas para llegar a 2,5 millones.
Además, el DHS dejó de publicar desgloses detallados de deportaciones, lo que dificulta la labor de verificación por parte de terceros. En años recientes, los datos disponibles apuntan a que alrededor de 605 000 deportaciones forzadas fueron efectuadas en 2025, una cifra considerable pero muy inferior a los millones reclamados por la Casa Blanca.
Organizaciones defensoras de derechos de los inmigrantes también alertan que incluir autodeportaciones voluntarias —que muchas veces ocurren sin registros formales— junto con deportaciones forzadas inflan artificialmente los números y sirven más como una estrategia política que como una medición objetiva de resultados.
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