El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una controvertida orden ejecutiva para clasificar al fentanilo ilícito como un “arma de destrucción masiva” (WMD por sus siglas en inglés), una medida extraordinaria que busca intensificar la lucha federal contra el narcótico y sus precursores químicos.
Durante un acto oficial en la Casa Blanca, Trump explicó que el fentanilo —un opioide sintético extremadamente letal— “está más cerca de ser un arma química que una droga”, debido a que dosis minúsculas pueden resultar mortales. El mandatario afirmó que “ninguna bomba hace lo que esto está haciendo”, en referencia a los miles de muertes por sobredosis que se registran cada año en el país.
La orden ejecutiva define formalmente al fentanilo ilícito y sus principales precursores químicos como armas de destrucción masiva y establece nuevas directrices para que diversas agencias del gobierno —incluidos los Departamentos de Estado, Justicia, Seguridad Nacional y Guerra— refuercen investigaciones, sanciones, penas más severas y acciones coordinadas contra las redes que trafican y producen la sustancia.
¿Qué dice el documento emitido por la Casa Blanca?
El documento de la Casa Blanca subraya que solo dos miligramos de fentanilo —equivalentes a aproximadamente 10-15 granos de sal de mesa— pueden ser una dosis letal, y que la droga ha alimentado una grave crisis de muertes por sobredosis y violencia vinculada al narcotráfico. El objetivo oficial es tratar la producción y distribución de fentanilo como una amenaza de seguridad nacional, elevando su combate al mismo nivel que otras amenazas globales.
La administración Trump ha enfocado parte de su estrategia en acciones militares y de seguridad contra presuntas redes de narcotráfico y ha justificado estas medidas alegando la peligrosidad extrema del fentanilo. Sin embargo, expertos y críticos han señalado que clasificar un narcótico como arma de destrucción masiva es inusual y controversial, ya que este término suele aplicarse a agentes químicos, biológicos o radiológicos diseñados para causar daño a gran escala.
Mientras la orden entró en vigor de inmediato, aún quedan interrogantes legales y políticas sobre su aplicación práctica y sus implicaciones en la política interna y exterior de Estados Unidos.
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