El Gobierno del presidente Donald Trump evalúa un proceso de revisión profunda de las green cards otorgadas durante la última década a ciudadanos de 19 países, en un esfuerzo por reforzar los mecanismos de verificación migratoria y examinar posibles irregularidades administrativas. Según fuentes oficiales consultadas, esta revisión forma parte de una auditoría más amplia que busca detectar fallos en los procedimientos de elegibilidad, antecedentes y validación documental.
La medida, aún en fase preliminar, contempla la creación de un comité interagencial que revisará casos específicos en los que existan dudas sobre documentación o procesos previos. Autoridades señalaron que esta iniciativa no implica la revocación automática de permisos de residencia, sino la apertura de un periodo de reevaluación que podría incluir entrevistas adicionales, solicitudes de más pruebas de identidad y revisiones de historial migratorio.
Voceros del gobierno indicaron que esta auditoría responde a recomendaciones internas presentadas tras la detección de inconsistencias en expedientes aislados. No obstante, defensores de derechos migratorios han expresado preocupación por el posible impacto emocional y legal sobre miles de residentes permanentes que podrían verse sometidos a nuevos procesos sin haber cometido infracciones.
Organizaciones proinmigrantes advierten que la revisión podría generar incertidumbre y retrasos administrativos, además de alimentar temores en comunidades que ya experimentan ansiedad por cambios en políticas migratorias. Expertos legales señalan que la normativa vigente permite reevaluar green cards en casos excepcionales, pero subrayan que los procedimientos deben ser transparentes, individualizados y con derecho pleno a defensa.
Por su parte, funcionarios del gobierno recalcaron que la prioridad es “garantizar la integridad del sistema migratorio”, insistiendo en que la gran mayoría de los residentes permanentes no serán afectados. Sin embargo, reconocen que el alcance final de la revisión dependerá de los resultados de las primeras auditorías.
Mientras tanto, abogados y organizaciones civiles recomiendan a los residentes mantener su documentación actualizada y conservar registros que acrediten su elegibilidad inicial.
El proceso, cuya puesta en marcha podría anunciarse próximamente, continúa bajo análisis y ha generado un intenso debate nacional sobre seguridad, transparencia y estabilidad migratoria.
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