Venezuela aseguró haber liberado a 99 personas detenidas tras las protestas por las elecciones presidenciales de julio de 2024. El anuncio fue realizado por el Ministerio de Servicios Penitenciarios en la noche de Navidad. Según el Gobierno, los liberados habían sido arrestados por “actos de violencia e incitación al odio” posteriores a los comicios.
La medida llega en un contexto de creciente presión de Estados Unidos sobre el presidente Nicolás Maduro. Washington ha desplegado un amplio dispositivo militar en el Caribe, ha confiscado dos petroleros venezolanos cargados de crudo y ha llevado a cabo ataques aéreos contra embarcaciones que, según afirma, transportaban drogas. El presidente Donald Trump ha llegado a decir que sería “inteligente” que Maduro dejara el poder.
Las protestas por las elecciones de 2024
Las manifestaciones estallaron en Caracas y otras ciudades tras la proclamación oficial de Maduro como ganador de un tercer mandato de seis años. Cientos de personas salieron a la calle, bloquearon vías y protestaron golpeando cacerolas. El Gobierno cifró en al menos 2.000 los detenidos por la violencia postelectoral y defendió que las protestas buscaban socavar el resultado.
Organizaciones de derechos humanos cuestionaron de inmediato el anuncio oficial. El Comité por la Libertad de los Activistas Sociales afirmó que la cifra “no corresponde con la realidad”. Penal Forum dijo haber confirmado solo 45 liberaciones: 27 hombres, 15 mujeres y tres menores, todos detenidos “arbitrariamente por motivos políticos”. Aseguró que seguía verificando otros casos.
El Ejecutivo insiste en que no hay presos políticos, sino “políticos presos” que intentan desestabilizar el país.
Represión y críticas internacionales
A comienzos de diciembre, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, alertó ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra de un aumento de la represión del espacio cívico en Venezuela. Denunció amenazas, acoso y detenciones arbitrarias contra periodistas, activistas, opositores y trabajadores humanitarios.
Organizaciones civiles estiman que entre 900 y 1.000 presos políticos siguen encarcelados. Señalan además que muchos de los liberados permanecerán en libertad condicional, con prohibiciones de viajar, comparecencias judiciales periódicas y restricciones para hablar con la prensa.
Oposición debilitada
Las liberaciones se producen tras meses de endurecimiento interno. La oposición carece casi por completo de figuras visibles en libertad o dentro del país. La líder opositora María Corina Machado se encuentra temporalmente en el exilio. El candidato opositor, el exdiplomático Edmundo González Urrutia, vive en España.
Según las ONG, entre los liberados no figuran dirigentes opositores relevantes ni el adolescente de 17 años condenado recientemente a 10 años de prisión por terrorismo tras participar en las protestas. Para el colectivo Justicia, Encuentro y Perdón, la “naturaleza selectiva” de las excarcelaciones confirma que la privación de libertad se ha usado como herramienta de persecución política.
Para más historias como esta puede visitar: Más Latino.
Fuentes:
